Estudio revela que 6,3 millones de hectáreas costeras-marinas protegidas de la Patagonia están en peligro
El maritorio o área marina-costera de la Patagonia (Aysén y Magallanes) posee ocho Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (ASP): las reservas nacionales Kawésqar, Las Guaitecas y Katalalixar, y los parques nacionales Bernardo O’Higgins, Alberto de Agostini, Laguna San Rafael e Isla Magdalena. En total, suman (al menos siete de ellas) 6,3 millones de hectáreas que -por su carácter de área protegida- deberían contar con planes de protección efectiva a mediano y largo plazo por parte del gobierno chileno.
Sin embargo, de acuerdo a un estudio realizado por el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile (UACh), en la práctica no han sido consideradas en la institucionalidad ambiental y política pública referente a la gestión de áreas protegidas.
Esta información científica fue entregada por el programa a los miembros del Comité Nacional de Áreas Protegidas del Estado (CNAP) con el objetivo de que «sea revisada y analizada en el marco de las facultades de cada institución pública que conforma el CNAP y del trabajo coordinado del mismo, para que se valorice esta porción de maritorio que tiene características naturales y culturales únicas en nuestro planeta, y se desplieguen los esfuerzos interinstitucionales necesarios para su conservación, apoyando el trabajo que ha venido realizando la Conaf en esta materia», señaló César Guala, director del Programa Austral Patagonia de la UACH.
El estudio, entre otras cosas, analizó la cartografía, los decretos de cada área y los dictámenes de la Contraloría Nacional de la República, lo que permitió clarificar cuáles son los límites de estas ocho Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASP) ubicadas en la Patagonia chilena y calcular que se trata de estas 6,3 millones de hectáreas que están en constante peligro debido a la ausencia de políticas públicas de conservación que se lleven a la práctica.
La información analizada, indica que estas ASP no han sido consideradas directamente en políticas públicas país, como en las metas Aichi de alcance global y que incluye compromisos mundiales suscritos por nuestro país, tampoco han sido incluidas en catastros oficiales del Estado como los del Ministerio de Medio Ambiente o la Subsecretaría de Pesca, excluyéndose, por lo tanto, de los esfuerzos y presupuestos de gestión y protección costero-marino.
César Guala comentó que «entendemos que las dificultades geográficas y la diversidad de actores que convergen en la administración y supervigilancia del maritorio en nuestro país, han dificultado la gestión y protección de la porción marina de las áreas protegidas». Sin embargo, asegura que «por lo mismo, hace unos años decidimos tratar de contribuir con la investigación y análisis de estas áreas, y colaborar con la Conaf en los esfuerzos que han hecho por administrar la zona marino-costera de las Áreas Silvestres Protegidas, aun cuando no tienen los recursos y capacidades técnicas y logísticas para ello».
